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Última actualización: el gobierno etíope declaró el 8 de octubre el estado de emergencia, que estará en vigor seis meses.

Ya hablé hace un par de meses de cómo la situación política en Etiopía está entrando en una peligrosa espiral de violencia.  Lamentablemente, desde que escribí esa entrada hasta el día de hoy, la situación, en vez de mejorar, ha empeorado notablemente. Aunque la mayoría de las protestas están ocurriendo en el estado federal de Oromia, también se han extendido a otros vecinos, principalmente en el de Amhara. Por eso, en lugar de protestas oromo prefiero hablar de protestas civiles, ya que han dejado de ser exclusivas de un grupo étnico.

La raíz del poder tigriña, o cómo el 6% manda al 94% restante

Durante la guerra civil que llevó a la caída del Derg en 1991, la milicia del TPLF (Frente de Liberación del Pueblo Tigriña) fue la que llevó la voz cantante en las operaciones militares, especialmente tras la batalla de Indesellasie (Shire), en 1989.  El TPFL está integrado en el EPRDF, un partido compuesto por otras organizaciones de base étnica amhara y oromo, y que desde 1991 es quien lleva las riendas del país. En cualquier caso, en él son los tigriñas quienes mandan.

Aunque en 1995 se aprobó una constitución modélica que convertía a Etiopía en un estado federal dividido en estados regionales de base étnica, pronto el gobierno del primer ministro Meles Zenawi, el nuevo hombre fuerte del país, comenzó a restringir la democracia. La oposición fue cada vez perdiendo más escaños en el parlamento de la nación, hasta el punto de que en 2015 el EPRDF ganó 500 de los 547 diputados de la cámara. Las acusaciones de fraude y las protestas no lograron cambiar ni un ápice del descarado resultado.

La hora de Oromia

Tras la muerte del carismático Meles Zenawi, en 2012, le sucede Hailemaryam Desalegn, de la etnia wolayta. Aunque tanto el presidente -un oromo- como el primer ministro no son tigriñas, lo cierto es que la mayor parte de los altos cargos de la administración pertenecen a esta etnia, lo que provoca no pocas tiranteces entre los otros grupos del país, especialmente en los oromos, que son el 35% de una población de 100.000.000 de habitantes. Los oromo aseveran estar infrarrepresentados tanto a nivel gubernamental como a nivel del reparto del presupuesto nacional.

Si a esto le añadimos que el crecimiento económico etíope está siendo espectacular, con cifras anuales por encima del 10% anual, cabe preguntarse hasta qué punto existe un reparto económico justo. Y la respuesta es que no lo hay. Las propias medidas de control de la economía que se ejercen desde el gobierno dificultan la más que necesaria liberalización económica, a la que hay que sumar la existencia de una red clientelar de personas afines al gobierno que son quienes controlan los grandes sectores económicos. Por poner un ejemplo, la tasa impositiva por la compra de un vehículo nuevo en Etiopía alcanza tales precios que lo vuelven prohibitivo para la inmensa mayoría de la población. De ahí que el parque automovilístico del país sea increíblemente viejo.

La bonanza económica ha facilitado la aparición de una nueva clase media urbana y rural. Las universidades creadas en los últimos años albergan a 700.000 estudiantes y han egresado a 500.000 titulados. Existen 46.000.000 de teléfonos móviles y 13.000.000 de etíopes tienen conexión a internet. Nos encontramos, pues, ante un grupo social que comprende los problemas sociales y exige cambios.

Como podemos ver, el caldo de cultivo ideal para las protestas está servido: dictadura, discriminación, corrupción política, gestión económica ineficiente y así un largo etcétera.

Feyisa Lilesa y el símbolo de una lucha

Habrá que esperar a los Juegos Olímpicos de Río para que la crisis etíope comience a interesar a la mayoría de los medios de comunicación internacionales.  En la maratón olímpica , el atleta oromo Feyisa Lilesa, segundo en la prueba, cruza la línea de meta con los brazos cruzados por encima de su cabeza. El gesto, utilizado durante las protestas oromo, supuso un buen altavoz para unas protestas hasta entonces ignoradas por la prensa. El atleta rehusó volver a Etiopía por miedo a posibles represalias.

El 3 de septiembre, un incendio en la cárcel de alta seguridad de Qilinto, en Addis Abeba, mató a 23 personas, siempre según fuentes del gobierno. El lugar es famoso como centro de detención de presos políticos.

Muchos de los manifestantes señalan a la etnia tigriña, la dominante en el gobierno de la nación, como la responsable de las matanzas. Lamentablemente, esto ha provocado que muchos tigriñas hayan sido atacados en septiembre en el estado regional de Amhara, haciendo que muchos tuvieran que huir de Gondar a Sudán.

Avalancha mortal en Bishoftu

El 2 de octubre, la ciudad de Bishoftu (Debre Zeyit), a 40 kilómetros al sur de Addis Abeba, acogió la celebración del festival religioso del Irreecha, en el que los oromo agradecen a su deidad suprema, Waaqa, los bienes obtenidos. Lo que estaba siendo una jornada festiva se transformó pronto en una protesta política, ya que algunos participantes empezaron a ondear banderas del OLF (Oromo Liberation Front, un partido nacionalista considerado terrorista por Addis Abeba) y a gritar consignas contra el gobierno. A fin de dispersar la multitud, la policía comenzó a lanzar pelotas de goma y realizar disparos al aire, provocando que la gente se asustase formando una estampida que provocó 55 muertos.

Desde ese día, las protestas no han cesado, a pesar de que Addis Abeba declarase tres días de luto oficial. Algunos de los medios partidarios del gobierno han realizado acusaciones tan delirantes como que las protestas están respaldadas por Egipto, país con el que Etiopía mantiene tensas relaciones diplomáticas por el asunto de las aguas del Nilo, y Eritrea, cuya hostilidad hacia Etiopía es más que patente.

El 5 de octubre se supo que el gobierno había ordenado la detención del periodista Seyoum Teshome, conocido crítico del modo de actuación de la policía durante las protestas. Etiopía se ha convertido en uno de los países más opresivos con el periodismo. En esa misma fecha, saltó a la luz la muerte de una investigadora estadounidense, apedreada en su vehículo cuando transitaba por las afueras de la capital. Un hecho inusual que se ha querido vincular con la inseguridad creciente que vive el país.

¿Y ahora, qué va a pasar?

Mientras tanto, el gobierno etíope sigue a lo suyo. En lugar de abrirse a la posibilidad de comenzar una vía aperturista e implementar reformas que lleven hacia un sistema plenamente democrático, realiza cambios en los altos cargos más destinados a maquillar el supuesto nuevo reparto étnico del poder que a suponer una verdadera apertura política. El más reciente, el nombramiento de nuevos miembros de la cúpula militar, en el que los generales tigriñas pasarán de ser mayoría  a cuatro de un total de doce.

Aunque las movilizaciones populares están poniendo al gobierno etíope muy nervioso, éste aún tiene la sartén por el mango. La mayor parte de las fuerzas de seguridad le son fieles, principalmente porque ven bien los logros económicos obtenidos hasta la fecha. El mayor problema consiste, a mi juicio, en que la situación se vuelva crónica y, cada dos por tres, hablemos de centenares de muertos en protestas. Eso por no hablar de un riesgo de guerra civil interétnica, algo que ya algunos miembros de la oposición han sugerido. El gobierno ha de dar su brazo a torcer y comenzar un proceso de diálogo político que permita los cambios sociales y económicos que la mayoría de los etíopes ansían. Tal y como gritan los que salen a la calle a protestar, matar no es la respuesta a nuestras quejas.