Desde hace nueve meses, una serie de manifestaciones y protestas sacuden a la sociedad etíope, que en algunos casos han sido brutalmente reprimidas por el gobierno. A día de hoy, y sin la posibilidad de que ningún organismo gubernamental lo confirme, se habla de que la violencia de la policía contra los manifestantes se habría cobrado la vida de 400 personas. La información llega con cuentagotas a través de medios internacionales como Al Jazeera o la BBC, que tienen serios problemas a la hora de verificar las cifras de muertos y detenidos. A través de las redes sociales, que el gobierno intenta bloquear, se filtran espantosas fotografías y vídeos que muestran la brutalidad policial. Pero, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué protestan los etíopes?
Los orígenes: Oromia
Todo comenzó a finales de 2015 cuando el gobierno etíope planteó la expansión del territorio autónomo de la capital, Addis Abeba, a costa de Oromia, estado regional que la rodea completamente. Los estudiantes universitarios de distintos campus de la región se rebelaron contra lo que creyeron era un nuevo ataque del ejecutivo, dirigido por los tigriña, contra los oromo, el mayor grupo étnico del país.
Los oromo han sido tradicionalmente marginados por la administración central etíope. Considerados advenedizos -no se asentaron en Etiopía hasta el siglo XVII, cuando llegaron en una migración masiva aprovechando la debilidad del Imperio Etíope-, siempre han sido despreciados por los amhara y los tigriña, que les dieron el nombre despectivos de gallas. Hasta la creación de la República Federal, su lengua, la que más hablantes nativos tiene de todo el país, estaba prohibida. A pesar de la creación de un estado federal propio en 1995, los oromo han seguido sufriendo discriminación racial, además de encarcelaciones arbitrarias y represión policial.
Finalmente, y tras 140 muertos por la represión, en enero de este año el gobierno etíope decidió paralizar el proyecto de expansión de la capital. Sin embargo, fue demasiado tarde porque estas primeras protestas abrieron la puerta a otras en las que se exigía la liberación de los presos políticos, el respeto a la diversidad étnica del país, mayor liberalización de la economía y la implementación de una verdadera democracia.
El turno de los amhara
Por si la situación fuese poco mala para el gobierno, a las protestas oromo se les han sumado recientemente las de los amhara. Este grupo étnico, el segundo en número del país, fue el dominante en toda Etiopía desde el establecimiento de la dinastía salomónida, en 1270, hasta el colapso del Derg en 1991. A mediados de julio, en la antigua capital imperial, Gondar, comenzaron una serie de protestas encabezadas por los welkait y los amhara contra el gobierno etíope que acabaron en un baño de sangre en el que murieron 10 civiles. Los disturbios se extendieron a otras poblaciones de Amhara, tomando un cariz de violencia interétnica, ya que en algunos casos se atacó a personas de etnia tigriña.
Durante los días 6 y 7 de agosto, numerosas ciudades de todo el país albergaron manifestaciones exigiendo el fin de la represión y mayores libertades. Aunque muchas de ellas transcurrieron sin incidentes, en Addis Abeba sí que se registraron escenas de violencia policial. En las manifestaciones de Bahir Dar (Amhara) se rumorea que pudo haber varios muertos, pero es difícil confirmarlo debido a la censura. La oposición habla de 33 muertos y decenas de detenidos entre todas las manifestaciones del pasado fin de semana.
El gobierno etíope, en la encrucijada
Tal y como se presenta la situación, el Primer Ministro Hailemariam Desalegn tiene que decidir entre aumentar la represión -con todas las consecuencias que puede acarrear esto- o iniciar un proceso de apertura política y concesión de libertades. El régimen de partido único del FDRPE, que alardea de sus logros macroeconómicos, tiene que enfrentarse al descontento de una gran parte de la población, tremendamente empobrecida, que no ve que su situación mejore.
Asimismo, han surgido voces críticas entre figura de importancia. El veterano general Tsadkan Gebretensae, antiguo jefe del estado mayor del ejército, dirigió al gobierno una carta abierta en la que propone una hoja de ruta para la salida de la mayor crisis política que vive el país desde la Guerra Civil. En ella, además de exponer el fracaso gubernamental (corrupción, proyectos faraónicos de dudoso éxito, falta de democracia, exceso de control en la economía), alerta del riesgo de desintegración nacional que puede ocurrir si la situación de crisis se vuelve crónica, al tiempo que recomienda unas elecciones libres multipartidistas como primera medida para alcanzar una solución pacífica que satisfaga a todos.
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